Ciudad de Panamá · 18 de noviembre de 2026 Lo último Suscríbete
Panamá Cívica. Suscríbete

Magistrado suplente del Tribunal de Cuentas enumera desafíos de la jurisdicción a casi 18 años de la Ley 67

Joel Caballero señala la lentitud de los procesos, la calidad de las auditorías y la ejecución de las decisiones como tareas pendientes, y recuerda que un reparo no equivale a responsabilidad.

Magistrado suplente del Tribunal de Cuentas enumera desafíos de la jurisdicción a casi 18 años de la Ley 67
Imagen: logotipo oficial (Ministerio Público)

El magistrado vocal suplente del Tribunal de Cuentas, Joel Caballero, planteó que la jurisdicción encargada de determinar la responsabilidad patrimonial por el manejo de fondos y bienes públicos en Panamá debe agilizar sus procesos y asegurar que sus decisiones se cumplan. Lo hizo en un artículo de opinión que el propio Tribunal reprodujo en su portal institucional.

El texto, titulado «Jurisdicción de Cuentas: Avances y desafíos», es una reflexión firmada por el magistrado. No anuncia decisiones, no cita expedientes concretos ni presenta cifras sobre casos tramitados, montos reparados o sumas recuperadas por el Estado.

El marco legal que describe

Según el artículo, la base de esta jurisdicción es el artículo 281 de la Constitución Política, incorporado con las reformas constitucionales de 2004. Ese mandato se desarrolló cuatro años después mediante la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que organizó el Tribunal de Cuentas y creó la Fiscalía General de Cuentas.

Caballero sostiene que, a casi dieciocho años de aprobada esa ley, el país dispone de una jurisdicción especializada en responsabilidad patrimonial. Como principal avance menciona que la investigación y el juzgamiento están en manos de entidades separadas: la Fiscalía General de Cuentas investiga y el Tribunal decide.

También describe un procedimiento que, a su juicio, está orientado a tres objetivos: aclarar los hechos, establecer si hubo lesión al patrimonio público y procurar que el Estado sea resarcido.

Los pendientes que identifica

El magistrado enumera cinco desafíos: hacer más rápidos los procesos, mejorar la coordinación entre instituciones, aprovechar herramientas tecnológicas, elevar la calidad y la oportunidad de los informes de auditoría y garantizar que las decisiones se ejecuten. Plantea además que la recuperación de los recursos públicos debe ser una prioridad.

El punto sobre los informes de auditoría es relevante para el funcionamiento del sistema, porque, según la descripción del propio artículo, el procedimiento parte de esclarecer hechos y establecer lesiones patrimoniales. El texto no detalla qué entidades elaboran esos informes ni ofrece datos sobre demoras o volumen de casos.

En cuanto a las garantías, Caballero escribió que «un informe de reparo o una investigación no equivalen a una declaración de responsabilidad». Añadió que esa responsabilidad solo puede fijarse mediante una decisión fundada que garantice la defensa, la contradicción y la valoración de las pruebas.

Para el contribuyente, esta distinción tiene efectos prácticos: que un funcionario o un particular figure en un informe de reparo o en una investigación de la Fiscalía General de Cuentas no significa que haya sido declarado responsable de una afectación al patrimonio público.

El magistrado cierra con la afirmación de que el futuro de la jurisdicción dependerá de su independencia, transparencia, eficiencia y capacidad de respuesta a la ciudadanía.

La documentación disponible no incluye estadísticas oficiales del Tribunal de Cuentas ni de la Fiscalía General de Cuentas que permitan medir la duración promedio de los procesos o el porcentaje de montos efectivamente recuperados. Panamá Cívica no publica esas cifras porque no constan en el documento consultado.

Fuentes: Tribunal de Cuentas

Nota elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas y revisada según nuestras normas editoriales.