Contraloría presenta denuncia penal contra Panama Ports y exdirectivos de la AMP por el Contrato Ley 5 de 1997
La acción, presentada el 17 de noviembre ante el Ministerio Público, se basa en una auditoría que revisó once años de ejecución del contrato portuario y sus adendas.
La Contraloría General de la República presentó el 17 de noviembre de 2026 una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles irregularidades en la ejecución del contrato entre el Estado y Panama Ports Company, S.A. (PPC). Así lo informó la propia entidad en un comunicado oficial emitido el 18 de noviembre, según se reportó. De acuerdo con la Contraloría, los hechos podrían constituir delitos contra la Administración Pública.
Según lo comunicado por la entidad fiscalizadora, la denuncia fue interpuesta por su Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Incluye a la sociedad PPC, a quienes fueron miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, y a quienes ocuparon el cargo de administrador general de la AMP en ese mismo período.
Lo informado por la Contraloría no detalla los nombres de los exdirectivos ni de los exadministradores incluidos en la denuncia, ni el número de personas que abarca.
El documento de origen: una auditoría de once años
Según la Contraloría, la acción se sustenta en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento sobre el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, y sobre sus adendas.
El periodo fiscalizado va del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2024, es decir, once años de ejecución contractual. La Contraloría informó que examinó, entre otros aspectos, las cifras de los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el contrato y en sus modificaciones.
Hay una diferencia entre ambos periodos: la auditoría cubre hasta finales de 2024, mientras que la denuncia contra los directivos y administradores de la AMP se limita a quienes ejercieron entre 2014 y 2023. Lo informado por la Contraloría no explica el motivo de esa diferencia.
La Contraloría tampoco ha dado a conocer montos específicos de posibles afectaciones al patrimonio del Estado, ni cuáles cláusulas del contrato o de las adendas estarían relacionadas con los hallazgos.
Qué sigue en el proceso
Una denuncia penal no equivale a una declaración de culpabilidad. Corresponde al Ministerio Público investigar los hechos, determinar si se cometieron delitos y, de ser el caso, establecer quiénes serían responsables. Hasta ahora, ninguna de las personas mencionadas ni la empresa figura como imputada, según lo que se ha informado.
La Contraloría indicó que remitió al Ministerio Público la documentación y la información del informe para que adelante las investigaciones. La entidad recordó que los servidores públicos están obligados a informar a las autoridades competentes sobre hechos que, en el ejercicio de sus funciones, presenten características de delito.
La institución añadió que mantendrá sus labores de fiscalización y que remitirá a las autoridades cualquier hallazgo que represente una afectación a los recursos y al patrimonio del Estado.
No se ha dado a conocer la versión de Panama Ports Company, S.A., ni la de los exmiembros de la Junta Directiva o los exadministradores generales de la AMP incluidos en la denuncia. Tampoco consta un pronunciamiento del Ministerio Público sobre la admisión de la denuncia o el inicio formal de una investigación.
Fuentes: La Estrella de Panamá · TVN Noticias · Metro Libre
Nota elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas y revisada según nuestras normas editoriales.